TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-423/24

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Equivocada interpretación e inobservancia de reglas de reparto y trámite de la acción de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 423 de 2024

 

Referencia: ICC-4576

 

Conflicto aparente de competencias en materia de acción de tutela, suscitado entre el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pasto

 

Magistrado sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 5° de su reglamento interno, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1.                 Solicitud de tutela. El 30 de noviembre de 2023[1], Camilo Alejandro Álvarez presentó demanda en ejercicio de la acción de tutela en contra del Registrador Nacional del Estado Civil, los integrantes de la Comisión Nacional Electoral, Luis Fernando Velasco (en calidad de Ministro del Interior) y Jhon Rojas (como Gobernador del Nariño). En su escrito, solicitó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a elegir y ser elegido en conexidad con el derecho al sufragio y al principio democrático de eficacia del voto y democracia participativa, los cuales considera vulnerados al impedírsele participar en las votaciones por autoridades territoriales del municipio de Ricaurte, Nariño, el 29 de octubre de 2023[2].

 

2.                 Declaraciones de falta de competencia. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto del 30 de noviembre de 2023, ordenó remitir el expediente a la oficina judicial de reparto de Pasto, para que fuera asignado entre los juzgados del circuito. Argumentó que hecha una revisión de los hechos y pretensiones de la demanda “no encuentra que la acción de tutela se dirija en contra de las actuaciones del Registrador Nacional del Estado Civil y mucho menos de actuaciones del Consejo Nacional Electoral”.[3] Por lo anterior, consideró que la tutela debía ser conocida por un juez del circuito, con fundamento en el numeral 2º del art. 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art. 1º del Decreto 333 de 2021.

 

3.                 El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pasto. El 4 de diciembre de 2023, esa autoridad declaró su falta de competencia para conocer el asunto y propuso un conflicto negativo de competencias con el Tribunal Administrativo de Nariño. De acuerdo con aquel juzgado, los únicos criterios válidos para plantear un conflicto de competencia son el territorial, el subjetivo y el funcional. En ese sentido, estima que el Tribunal motivó la remisión del asunto con sustento en normas de reparto, las cuales de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Decreto 333 de 2021 no pueden ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia. Por lo anterior, considera que los argumentos del Tribunal Administrativo de Nariño no tienen asidero “en la medida en que se fundamenta en normas de reparto y no de competencia; por consiguiente, debió asumir su conocimiento para no dilatar el trámite”.[4]

 

4.                 El 4 de diciembre de 2023, el proceso fue radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional. El 31 de enero de 2024 se repartió el expediente y el 6 de febrero siguiente ingresó al despacho del magistrado sustanciador[5].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

5.                 Competencia. La Corte Constitucional tiene competencia residual para dirimir conflictos de competencia en materia de tutela entre autoridades judiciales, en los casos en los que la Ley 270 de 1996 no prevé cuál es la competente para resolverlos[6]. En el presente evento, las dos autoridades en conflicto pertenecen a jurisdicciones distintas y no tienen un superior jerárquico que resuelva el conflicto. Por lo tanto, esta corporación dirimirá el asunto.

 

6.                 Factores de competencia en materia de tutela[7]. (i) Territorial: son competentes a prevención los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza, o donde se producen sus efectos^[8]. (ii) Subjetivo: se aplica a casos de acciones de tutela contra los medios de comunicación y contra las autoridades de la jurisdicción especial para la paz^[9]. (iii) Funcional: únicamente pueden conocer de la impugnación de una sentencia de tutela las autoridades judiciales que sean los “superiores jerárquicos correspondientes”, según la jurisprudencia^[10].

 

7.                 Reglas de reparto. La Corte Constitucional ha establecido que el Decreto 333 de 2021, que modificó el Decreto 1069 de 2015, no define reglas de competencia, sino pautas de reparto para las acciones de tutela. Por tanto, las autoridades judiciales no pueden utilizar este decreto para declarar su falta de competencia^[11] pues, al hacerlo, generarían un conflicto meramente aparente. En su lugar, deben tramitar la acción o decidir la impugnación según el caso[12]. Si se suscita un aparente conflicto entre autoridades por este motivo, se remitirá el asunto a la autoridad a la que se le repartió primero el asunto, con el fin de que la acción sea decidida inmediatamente.

 

8.                 En este caso se configuró un conflicto aparente de competencia. El Tribunal Administrativo de Nariño se apartó del conocimiento del asunto con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el art. 1º del Decreto 333 de 2021. Por su parte, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pasto argumentó que las reglas de reparto del mencionado decreto, invocadas por el referido tribunal, no constituían un factor válido para apartarse del conocimiento del caso.

 

9.                 Decisión de la Sala Plena. El Tribunal Administrativo de Nariño es la autoridad competente para resolver, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia, pues aquel se desprendió injustificadamente de su competencia aplicando normas de reparto. En este sentido, (i) se dejará sin efectos el auto del 30 de noviembre de 2023, en el que dicha autoridad declaró su falta de competencia, (ii) se le remitirá el expediente para que inmediatamente adopte una decisión y (iii) se le advertirá a dicha autoridad que adecúe sus actuaciones en materia de competencia en tutela a las reglas que en este auto se reiteran.

III.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 30 de noviembre de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del trámite de la acción de tutela de la referencia.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-4576 al Tribunal Administrativo de Nariño, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

TERCERO. ADVERTIR al Tribunal Administrativo de Nariño que, en lo sucesivo, adecúe sus actuaciones en materia de competencia en tutela a las reglas que acá se reiteran sobre no separarse del conocimiento de la acción de tutela con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia constitucional, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

CUARTO. Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pasto.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

---